Se ha estado presentando desde Azuqueca (verdaderos artífices de esta carretera, al estar contemplada en su POM) la operación como si fuera positiva para la movilidad general, incluidos los vecinos de Alovera, donde teóricamente se solucionaría la movilidad y el acceso de algunos vecinos a la A-2. Asimismo se presenta como una operación tendente a reequilibrar las actuaciones urbanas hasta hoy preferentemente localizadas en las comunicaciones exclusivas de Alovera (todo ello muy discutible, como iremos argumentando seguidamente). Pero no se habla en ningún momento de los tremendos efectos colaterales en forma de contaminación, incremento del ruido y pérdida de calidad de vida de estos vecinos afectados por una aberración urbanística como esta carretera verdaderamente carente de justificación.

Estamos de acuerdo con los esfuerzos que las administraciones quieren hacer tendentes a sacar el tráfico de paso de las poblaciones. Estamos tan absolutamente de acuerdo que por eso nos resulta paradójico que se plantee siquiera meter una vía rápida por delante de un enorme número de casas. Nosotros también somos población, y no precisamente aislados, sino auténticas hileras de casas -con personas viviendo dentro, no lo olvidemos- directamente afectadas.

Casas de Azuqueca junto a las que pasa la N-320, una vía más estrecha que la que pretende situarse más próxima aún de otras casas de Alovera y de la propia Azuqueca.

Es cierto que ahora hay un buen número de viviendas que están soportando este problema en Azuqueca y Alovera, pero el traspaso del problema no lo soluciona. Habría que ofrecer una solución también para estos vecinos, que pese a todo seguirán teniendo tráfico a unas velocidades inadecuadas para zonas urbanas, con todos los problemas que ello deriva (ruido, contaminación…). La falsa ilusión de que abriendo nuevas vías el problema desaparece es inconsistente. Esa falta ilusión no la contemplaría un urbanista moderno, el que se preocupa por el urbanismo que apuesta por las personas.

Casas de Azuqueca junto a las que pasaría la nueva vía rápida de salida a la A-2.

La Junta no puede hacer infraestructuras que pretenden dar un servicio a favor de la ciudadanía, cuando esta infraestructura incide negativamente en esta ciudadanía.